V. Aplicaciones

funcionarios separados, elegidos por las localidades, de todos aquellos asuntos que no se deje mejor en manos de las personas directamente interesadas; pero, además de esto, existiría en cada departamento de asuntos locales una superintendencia central, que constituiría una rama del gobierno general. El órgano de esta superintendencia concentraría, como en un foco, la variedad de información y experiencia derivada de la gestión de esa rama de los asuntos públicos en todas las localidades, de todo lo análogo que se realiza en los países extranjeros y de los principios generales de la ciencia política. Este órgano central debería tener el derecho de conocer todo lo que se hace, y su deber especial consistiría en hacer que el conocimiento adquirido en un lugar estuviera disponible para los demás. Emancipado de los pequeños prejuicios y de las estrechas miras de una localidad gracias a su elevada posición y a su amplia esfera de observación, su consejo llevaría naturalmente consigo una gran autoridad; pero su poder efectivo, en calidad de institución permanente, debería, a mi juicio, limitarse a obligar a los funcionarios locales a obedecer las leyes establecidas para su orientación. En todo aquello no previsto por las reglas generales, dichos funcionarios deben quedar a su propio criterio, bajo su responsabilidad ante los electores. Por la violación de las reglas, deberían ser responsables ante la ley, y las reglas mismas tendrían que ser dictadas por el poder legislativo; la autoridad administrativa central solo velaría por su ejecución y, si estas no se llevaran a cabo adecuadamente, recurriría, según la naturaleza del caso, al tribunal para hacer cumplir la ley, o a los distritos electorales para destituir a los funcionarios que no la hubieran ejecutado conforme a su espíritu. Tal es, en su concepción general, la superintendencia central que la Junta de la Ley de Pobres (Poor Law Board) está destinada a ejercer sobre