Sería fácil demostrar que el impuesto a la comunidad cuando se aumentan los salarios en cualquier oficio afecta a todo el público, así como a quienes emplean directamente a los trabajadores en dicho oficio; pero parece demasiado evidente como para requerir demostración.
El punto principal que ahora deseamos mostrar es que cualquier aumento en los salarios del trabajo por encima del recibido bajo la competencia ordinaria debe ser pagado por la comunidad, exactamente igual que cualquier incremento en el precio del carbón, el hierro, el cobre, la madera, el trigo o cualquier otro producto básico debe ser pagado por los consumidores en general.
Tampoco se detiene aquí, ni mucho menos, el perjuicio para la comunidad. Vimos que el aumento de los precios por parte del fideicomiso del aceite de linaza perjudicó a todos aquellos que, por esa razón, se vieron obligados a renunciar a pintar; y que esto causó un daño adicional a los pintores, a los fabricantes de pintura e incluso a los empleados en el sector de la construcción.
Pero el incremento en el precio del trabajo de los albañiles tiene consecuencias no menos importantes. No solo se perjudica a quienes construyen y tienen que pagar más por sus edificios, sino que a muchos se les impide construir debido al mayor costo.
Si razonamos según un método muy extendido, podemos decir que esta actividad reducida en el sector de la construcción provocará un estancamiento en los gremios afines con la consiguiente pérdida de empleo. Asimismo, dado que se construyen menos casas y las que se construyen son más caras, los alquileres subirán con certeza, lo que significa que el hombre pobre deberá destinar una parte aún mayor de sus ganancias a su vivienda, o bien tendrá que conformarse con alojamientos más pobres y modestos.
Es una cosa extraña rastrear, en relación con esto, la historia del trabajo, y ver cuán reciente es que se haya reconocido el derecho natural de un