¿Cómo podemos evitar que los precios cobrados por el monopolio se eleven muy por encima del punto en el que se situarían si la libre competencia estuviera vigente? Tenemos dos métodos a nuestra disposición. Podemos mantener bajas las tarifas del monopolio mediante lo que denominaremos competencia potencial, o podemos reducirlas directamente mediante legislación.
El derecho del público a adoptar este último camino puede defenderse sobre la base de que el monopolio se ha convertido voluntariamente en un servidor público necesario y, en tal carácter, ofrece sus bienes al público.
Si bien es cierto que el pueblo permite que el monopolio se convierta en un servidor público necesario y lo protege en los contratos mediante los cuales restringe la competencia, también lo es que el monopolio no puede comerciar justamente con las necesidades del pueblo.
El público puede permitir que una combinación obtenga el control de todas las refinerías de azúcar, por ejemplo, y proteger a la combinación en su formación. Pero supongamos que los propietarios de la combinación dicen entonces:
"El pueblo está obligado a consumir azúcar y nosotros controlamos la oferta. Fijaremos, por tanto, un precio alto al azúcar, porque sabemos que lo pagarán antes que prescindir de él".
Están convirtiendo entonces la necesidad del público en una fuente de lucro, y no es creíble que esto se tolere permanentemente.
La seria dificultad para fijar mediante la acción directa del gobierno los precios que un monopolio de este tipo debe cobrar, es que no podemos detenernos en ese punto.