Deberían estar obligadas a explotar las carreteras de manera segura, eficiente y económica, y a llevar registros precisos y sencillos, abiertos a la inspección de los Comisionados del Gobierno, de los ingresos y gastos de cada línea de carretera por separado. Las tarifas de pasajeros y de carga deberían ser, ante todo, estables. Una vez fijadas, no deberían elevarse ni reducirse excepto por orden de los Comisionados de Ferrocarriles del Gobierno. A continuación —y este es el rasgo fundamental de todo el plan—, se debería procurar fijar las tarifas de pasajeros y de carga en un punto tal que los ingresos totales fuesen suficientes, * primero, para sufragar todos los gastos de explotación y mantenimiento de la carretera; * segundo, para pagar el alquiler anual de un interés del 3¼ por ciento sobre el coste de la carretera; y, * tercero, un dividendo anual a los accionistas de la empresa explotadora de entre el 4 y el 8 por ciento. El capital social de la empresa explotadora debería fijarse por ley en aproximadamente 1¼ veces el coste real del material rodante y la maquinaria. A la empresa explotadora solo se le debería permitir emitir una clase de valores, y estos deberían representar a la par el capital efectivo real invertido por
Bajo este plan es evidente que cada comunidad pagaría su parte equitativa del costo del transporte, ya que las tarifas se basarían en el costo del servicio.6 En lugar de carreteras que funcionen al borde de la bancarrota durante años, como ocurre ahora, tendríamos a cada comunidad pagando por sus instalaciones de transporte exactamente lo que costaba proveerlas.