A ellos también debemos la aprobación de muchas leyes, como aquellas destinadas a la protección de la maquinaria en las fábricas, las restricciones al empleo del trabajo infantil y el cuidado adecuado de la salud, el bienestar y la comodidad de los empleados en general. No se puede decir que los intereses laborales hayan mostrado siempre una gran sabiduría en toda su defensa de la nueva legislación, y no pocas leyes, como las referidas al empleo del trabajo de los convictos, muestran una lamentable regresión. Con todo, sin embargo, hay sobradas razones para creer que el curso general de la justicia se ha visto favorecido por la influencia de los sindicatos, algo que puede afirmarse de muy pocos intereses especiales en cuyo beneficio nuestras legislaturas han promulgado leyes.
Todos los hechos anteriores debemos admitirlos en defensa de las organizaciones que han matado en gran medida la competencia en el mercado laboral. Pero en defensa de la acción especial de los monopolistas del trabajo al forzar los salarios hasta un punto por encima del que la competencia por sí sola determinaría, también hay mucho que decir.
Aquellos que no están dispuestos a admitir que hay algo de justicia en la afirmación de los asalariados de que todavía no se les hace plena justicia, suelen explayarse sobre el tema de la condición mejorada del trabajador en comparación con la que tenía hace un siglo.
Cómo esto puede tomarse como un argumento es un misterio. A nadie se le ocurre disputar ni disminuir el bien conocido hecho de que muchos obreros de hoy tienen más comodidades que los príncipes de la Edad Media.
El único punto en disputa es este: De la riqueza total que se produce hoy en el mundo, ¿está recibiendo el trabajador su parte justa?