contempla la representación gubernamental en la Junta Directiva, es poco probable que los funcionarios superiores tomen medidas para evadir la ley.
Los ingresos de una empresa que operara, digamos, 30 000 millas de vías férreas y transportara su tráfico a tarifas fijas variarían muy poco de un año a otro; y sus acciones estarían en manos de inversores en tal proporción y su precio variaría tan poco que habría muy poca especulación con ellas.
Arruinar a la compañía sería una imposibilidad, ya que sus ingresos siempre estarían regulados para preservar sus ganancias, aunque no de manera tan estricta como para que la empresa perdiera todo incentivo para fomentar el tráfico mediante la oferta de buenas instalaciones y para economizar al mismo tiempo mediante la introducción de métodos mejorados.
No hay duda de que se puede demostrar dónde cada detalle del plan anterior deja resquicios para que se filtren los abusos. Ocurrirá prácticamente lo mismo con cualquier otro plan.
Las preguntas que deben plantearse son: ¿serían los abusos, el despilfarro y el robo más probables que bajo cualquier otro plan? ¿Podrían ser más prevalentes de lo que son ahora —tolerables únicamente porque estamos insensibilizados ante ellos—?
Por supuesto, lo anterior es un mero esbozo de los principios generales del plan. Naturalmente, para llevar a cabo el principio con éxito, serían necesarios otros detalles que surgen por sí solos.
Que deba hacerse algún intento en este sentido para resolver el desconcertante problema de las huelgas en las líneas ferroviarias lo demuestra la memorable huelga de maquinistas en el sistema de Chicago, Burlington y Quincy.