El criterio más lógico para una reclamación limitada, que no alcanzara a cubrir la totalidad de los costos de la guerra, habría sido el referente a los actos enemigos contrarios a los compromisos internacionales o a las prácticas reconocidas de la guerra. Pero esto también habría sido muy difícil de aplicar y excesivamente desfavorable para los intereses franceses en comparación con Bélgica (cuya neutralidad había garantizado Alemania) y Gran Bretaña (la principal víctima de los actos ilícitos de los submarinos).
En cualquier caso, los llamamientos al sentimiento y a la equidad expuestos anteriormente están vacíos de contenido; pues al receptor de un subsidio por separación o de una pensión le da exactamente igual que el Estado que se los paga reciba o no una indemnización por este u otro concepto, y que el Estado recupere fondos a partir de los recibos de indemnización alivia al contribuyente general exactamente igual de lo que lo habría hecho una contribución a los costes generales de la guerra.
Pero la consideración principal es que ya era demasiado tarde para plantearse si las condiciones anteriores al Armisticio eran perfectamente sensatas y lógicas, o para enmendarlas; la única cuestión a debatir era si estas condiciones no se limitaban de hecho a las clases de daños directos a los civiles y a sus propiedades que se detallan en los párrafos 1, 2, 3, 8, 9 y 10 del Anexo I.
Si las palabras tienen algún significado, o los compromisos alguna fuerza, no teníamos más derecho a reclamar los gastos de guerra del Estado derivados de pensiones y subsidios por separación que a reclamar cualquier otro de los costes generales de la guerra. ¿Y quién está dispuesto a argumentar en detalle que teníamos derecho a exigir estos últimos?
Lo que realmente había ocurrido fue un compromiso entre la promesa del Primer Ministro al electorado británico de reclamar la totalidad de los costes de la guerra y la promesa en sentido contrario que los Aliados habían dado a Alemania en el Armisticio.