de maquinaria, ganado, etc., y de las entregas programadas de carbón.
En virtud del artículo 240 del Tratado, Alemania reconoce expresamente a la Comisión y sus poderes «tal como los mismos puedan ser constituidos por los Gobiernos Aliados y Asociados», y «acepta irrevocablemente la posesión y el ejercicio por dicha Comisión del poder y la autoridad que se le confieren en virtud del presente Tratado».
Se compromete a facilitar a la Comisión toda la información pertinente.
Y finalmente, en el artículo 241: «Alemania se compromete a aprobar, promulgar y mantener en vigor cuantas leyes, órdenes y decretos sean necesarios para dar plena efectividad a estas disposiciones».
Los comentarios que sobre esto hizo la Comisión Financiera alemana en Versalles apenas constituían una exageración:—«La democracia alemana queda así aniquilada en el preciso momento en que el pueblo alemán se disponía a edificarla tras una dura lucha; aniquilada por aquellas mismas personas que durante toda la guerra no se cansaron de sostener que pretendían traernos la democracia... Alemania ya no es un pueblo ni un Estado, sino que se convierte en un mero negocio mercantil puesto por sus acreedores en manos de un síndico, sin que se le conceda ni tan siquiera la oportunidad de demostrar su buena voluntad para cumplir sus obligaciones por iniciativa propia. La Comisión, que tendrá su sede permanente fuera de Alemania, poseerá en este país derechos incomparablemente mayores de los que jamás poseyó el emperador alemán; bajo su régimen, el pueblo alemán permanecería durante décadas privado de todos sus derechos y desprovisto, en una medida muy superior a la de cualquier pueblo en los días del absolutismo, de toda independencia de acción y de toda aspiración individual en su progreso económico o incluso ético».
En su respuesta a estas observaciones, los Aliados se negaron a admitir que hubiera en ellas sustancia, fundamento o fuerza alguna.