Los ríos que, en palabras del Tratado, «proporcionan naturalmente a más de un Estado acceso al mar», requieren propiamente cierta medida de regulación internacional y garantías adecuadas contra la discriminación.
Este principio ha sido reconocido desde hace mucho tiempo en las Comisiones Internacionales que regulan el Rin y el Danubio. Pero en tales Comisiones los Estados interesados deberían estar representados más o menos en proporción a sus intereses. El Tratado, sin embargo, ha hecho del carácter internacional de estos ríos un pretexto para sustraer el sistema fluvial de Alemania del control alemán.
Tras ciertos artículos que previenen adecuadamente contra la discriminación y la injerencia en la libertad de tránsito,68 el Tratado procede a encomendar la administración del Elba, el Óder, el Danubio y el Rin a Comisiones Internacionales.69
Los poderes definitivos de estas Comisiones han de ser determinados por «una Convención General redactada por las Potencias Aliadas y Asociadas, y aprobada por la Liga de las Naciones».70
Mientras tanto, las Comisiones han de redactar sus propias constituciones y al parecer disfrutarán de poderes de la más amplia índole, «particularmente en lo que respecta a la ejecución de obras de mantenimiento, control y mejora en el sistema fluvial, el régimen financiero, la fijación y recaudación de tasas, y los reglamentos para la navegación».71
Hasta aquí hay mucho que decir en favor del Tratado. La libertad de tránsito es una parte nada despreciable de la buena práctica internacional y debería establecerse en todas partes. El aspecto censurable de las