ningún otro plan de gobierno que no sea el que se adapta a su interés particular, encuentra difícil darse cuenta de las ventajas que cabría esperar de las continuas privaciones que imponen las buenas leyes. Para que un pueblo joven sea capaz de saborear los sanos principios de la teoría política y seguir las reglas fundamentales del arte de gobernar, sería necesario que el efecto se convirtiera en causa; el espíritu social, que debe ser creado por estas instituciones, tendría que presidir su fundación misma; y los hombres tendrían que ser antes de la ley lo que deben llegar a ser por medio de ella. El legislador, por lo tanto, al no poder apelar ni a la fuerza ni a la razón, debe recurrir a una autoridad de otro orden, capaz de constreñir sin violencia y de persuadir sin convencer.
Esto es lo que ha obligado, en todas las épocas, a los padres de las naciones a recurrir a la intervención divina y a atribuir a los dioses su propia sabiduría, para que los pueblos, sometiéndose a las leyes del Estado como a las de la naturaleza, y reconociendo el mismo poder en la formación de la ciudad que en la del hombre, obedecieran libremente y llevaran con docilidad el yugo de la felicidad pública.
Esta razón sublime, muy por encima del alcance del vulgo, es aquella cuyas decisiones pone el legislador en boca de los inmortales, para obligar por medio de la autoridad divina a aquellos a quienes la prudencia humana no podría convencer. Pero no cualquiera puede hacer hablar a los dioses, ni hacerse creer cuando se proclama su intérprete. El gran alma del legislador es el único milagro que puede probar su misión. Cualquier hombre puede grabar tablas de piedra, o comprar un oráculo; o fingir un trato secreto con alguna divinidad, o adiestrar un pájaro para que le susurre al oído, o hallar otros medios vulgares para imponerse al