Que la institución del gobierno no es un contrato

Una vez bien establecido el poder legislativo, lo que sigue es establecer de la misma manera el poder ejecutivo; pues este último, que opera solo mediante actos particulares, al no ser de la esencia del primero, está naturalmente separado de él.

Si fuese posible que el Soberano, en tanto que tal, poseyera el poder ejecutivo, el derecho y el hecho estarían tan confundidos que nadie podría saber qué era ley y qué no lo era; y el cuerpo político, así desfigurado, caería pronto presa de la violencia para cuya prevención fue instituido.

Como los ciudadanos, por el contrato social, son todos iguales, todos pueden prescribir lo que todos deben hacer, pero nadie tiene derecho a exigir que otro haga lo que él mismo no hace. Es estrictamente este derecho, indispensable para dar vida y movimiento al cuerpo político, el que el Soberano, al instituir el gobierno, confiere al príncipe.

Se ha sostenido que este acto de establecimiento fue un contrato entre el pueblo y los gobernantes que este se impone⁠—un contrato en el que se establecían condiciones entre ambas partes que obligaban a la una a mandar y a la otra a obedecer. Se admitirá, estoy seguro, que este es un tipo extraño de contrato que se puede firmar. Pero veamos si esta opinión puede sostenerse.