Esto, sin embargo, dista mucho de significar que el poder gobernante deba, o tenga el derecho moral, de intervenir en cada caso particular. Rousseau ha sido objeto de muchas críticas necias porque, tras defender la supremacía absoluta del Estado, pasa a hablar (Libro II, cap. IV) de «los límites del poder soberano». No hay contradicción alguna. Siempre que la intervención del Estado sea para lo mejor, el Estado tiene derecho a intervenir; pero no tiene derecho moral, aunque deba tener el derecho legal, a intervenir donde no sea para lo mejor. La Voluntad General, al estar siempre en lo cierto, intervendrá solo cuando la intervención sea adecuada. Por tanto, «el Soberano no puede imponer a sus súbditos ninguna traba que sea inútil para la comunidad, ni siquiera puede desearlo».
Como, sin embargo, la infalibilidad de la Voluntad General no basta para hacer infalible al Estado, todavía queda una objeción. Puesto que no siempre se puede llegar a conocer la Voluntad General, ¿quién ha de juzgar si un acto de intervención está justificado?
La respuesta de Rousseau no logra satisfacer a muchos de sus críticos.
«Cada hombre enajena, lo confieso, mediante el pacto social, únicamente la parte de su poder, de sus bienes y de su libertad cuyo uso es importante para la comunidad; pero hay que reconocer también que el soberano es el único juez de dicha importancia».
Esto, se nos dice, no es más que la tiranía del Estado de nuevo.