Hobbes concuerda en que el contrato original se celebra entre todos los individuos que componen el Estado, y que el gobierno no es parte de él; pero considera que el pueblo acuerda, no meramente formar un Estado, sino investir a cierta persona o ciertas personas con el gobierno del mismo.
Concuerda en que el pueblo es naturalmente supremo, pero considera que este enajena su Soberanía mediante el contrato mismo, y delega su poder, total y para siempre, en el gobierno.
Tan pronto, por lo tanto, como se establece el Estado, el gobierno se convierte para Hobbes en el Soberano; ya no se cuestiona más la Soberanía popular, sino únicamente la obediencia pasiva: el pueblo está obligado, por el contrato, a obedecer a su gobernante, sin importar si gobierna bien o mal. Ha enajenado todos sus derechos al Soberano, quien es, por tanto, amo absoluto.
Hobbes, que vivió en una época de guerras civiles, considera que el peor gobierno es preferible a la anarquía y, por tanto, se esmera en hallar argumentos que respalden cualquier forma de absolutismo.
Es fácil encontrar fallas en este sistema y advertir a qué dificultades podría verse arrastrado un hobbesiano concienzudo a raíz de una revolución. Pues en cuanto los revolucionarios tomen la iniciativa, tendrá que sacrificar uno de sus principios: tendrá que ponerse en contra del soberano de hecho o del soberano de derecho.
También es fácil ver que la enajenación de la libertad, aun siendo posible para un individuo —lo cual niega Rousseau—, no puede obligar a su posteridad.
Pero, con todos sus defectos, la postura de Hobbes es, en conjunto, admirablemente lógica, aunque implacable, y a ella le debe mucho Rousseau.