En esta forma, la teoría se presta claramente a interpretaciones opuestas. Puede sostenerse que el pueblo, habiéndose entregado de una vez por todas a sus gobernantes, no tiene nada más que pedirles y está obligado a someterse a cualquier trato que decidan infligirle. Esta, sin embargo, no es la implicación que se suele extraer de ella con mayor frecuencia.
La teoría, en esta forma, se originó en teólogos que eran también juristas. Su visión de un contrato implicaba obligaciones mutuas; consideraban que el gobernante estaba obligado, por sus términos, a gobernar constitucionalmente.
La vieja idea de que un rey no debe violar las sagradas costumbres del reino pasa fácilmente a ser la doctrina de que no debe violar los términos del contrato original entre él y su pueblo.
Así como en los días de los reyes normandos cada petición por parte del pueblo en pro de más libertades se formulaba como una exigencia de que se respetaran las costumbres de los «buenos tiempos antiguos» de Eduardo el Confesor, en el siglo XVII cada acto de afirmación o resistencia popular se planteaba como un llamamiento al rey para que no violara el contrato.
La exigencia era un buen lema popular y parecía contar con los teóricos de su parte.
Rousseau da su refutación de este punto de vista, que había sostenido de paso en el «Discurso sobre la desigualdad», en el capítulo dieciséis del tercer libro del Contrato social. (Véase también el Libro I, cap. IV, init.). Su ataque se dirige en realidad también contra la teoría de Hobbes, que en algunos aspectos se asemeja, como veremos, a este primer punto de vista; pero, al menos en la forma, va dirigido contra esta forma de contrato. Será posible examinarlo más de cerca cuando se haya considerado el segundo punto de vista.