Primero, la autoridad suprema no puede modificarse más que enajenarse; limitarla es destruirla. Es absurdo y contradictorio que el Soberano se dé un superior; obligarse a obedecer a un señor sería volver a la libertad absoluta.
Además, es evidente que este contrato entre el pueblo y tales o cuales personas sería un acto particular; y de ello se sigue que no puede ser ni una ley ni un acto de soberanía, y que en consecuencia sería ilegítimo.
Es evidente también que las partes contratantes, en relación la una con la otra, se hallarían únicamente bajo la ley natural y carecerían por completo de garantías para sus compromisos mutuos, una situación totalmente incompatible con el estado civil.
Aquel que tiene la fuerza bajo su mando estando siempre en condiciones de controlar la ejecución, vendría a ser lo mismo que si se le diera el nombre de «contrato» al acto de un hombre que le dijese a otro: «Te doy todos mis bienes, a condición de que me devuelvas de ellos tanto como te plazca».
No hay más que un contrato en el Estado, y es el del acto de asociación, el cual excluye por sí mismo la existencia de un segundo. Es imposible concebir ningún contrato público que no sea una violación del primero.