El Soberano

Esta fórmula nos muestra que el acto de asociación comprende un compromiso recíproco entre el público y los particulares, y que cada individuo, al contratar, por decirlo así, consigo mismo, se halla obligado en una doble capacidad: como miembro del Soberano está obligado hacia los particulares, y como miembro del Estado está obligado hacia el Soberano.

Pero la máxima del derecho civil de que nadie está obligado por los compromisos que contrae consigo mismo no es aplicable en este caso; pues hay una gran diferencia entre contraer una obligación hacia uno mismo y contraerla hacia un todo del cual se forma parte.

Es necesario además señalar el hecho de que la deliberación pública, aunque es competente para obligar a todos los súbditos ante el Soberano, debido a las dos capacidades diferentes en las que cada uno de ellos puede ser considerado, no puede, por la razón contraria, obligarse a sí misma con el Soberano; y que es, por consiguiente, contrario a la naturaleza del cuerpo político que el Soberano se imponga una ley que no pueda infringir. Al poder considerarse a sí mismo en una sola capacidad, se encuentra en la posición de un individuo que hace un contrato consigo mismo; y esto deja claro que no hay ni puede haber ninguna especie de ley fundamental obligatoria para el cuerpo del pueblo —ni siquiera el contrato social mismo—. Esto no significa que el cuerpo político no pueda contraer compromisos con otros, siempre que el contrato no sea infringido por ellos; pues en relación con lo que le es externo, se convierte en un ser simple, en un individuo.