Cómo contener las usurpaciones del gobierno

Lo que acabamos de decir confirma el capítulo XVI, y aclara que la institución del gobierno no es un contrato, sino una ley; que los depositarios del poder ejecutivo no son los amos del pueblo, sino sus oficiales; que este puede establecerlos y destituirirlos cuando le plazca; que para ellos no se trata de contratar, sino de obedecer; y que al hacerse cargo de las funciones que el Estado les impone, no hacen otra cosa que cumplir con su deber de ciudadanos, sin tener el menor derecho a discutir las condiciones.

Cuando, por consiguiente, el pueblo instituye un gobierno hereditario, ya sea monárquico y confinado a una familia, o aristocrático y confinado a una clase, aquello en lo que entra no es un compromiso; la administración recibe una forma provisional, hasta que el pueblo decida ordenarla de otra manera.

Es verdad que tales cambios son siempre peligrosos y que jamás debe tocarse al gobierno establecido sino cuando llega a ser incompatible con el bien público; pero la circunspección que esto exige es una máxima de Estado y no una regla de derecho, y el Estado no está más obligado a dejar la autoridad civil en manos de sus gobernantes que la autoridad militar en la de sus generales.

También es verdad que es imposible extremar los cuidados para observar, en tales casos, todas las formalidades necesarias para distinguir un acto