Cuando tales leyes permanecen en los códigos como reliquias de épocas prácticamente medievales, merecen un cierto respeto, incluso si es imposible aplicarlas; volver a promulgarlas en los tiempos modernos es un método gratuito de desacreditar la ley.
Es evidente que todos los casos de esta índole que afectan a la moral no solo se ven alterados por las circunstancias y por la consideración del estado psíquico del individuo, sino que, respecto a ellos, los diferentes sectores de la comunidad sostienen puntos de vista sumamente dispares. Las sanciones de la ley penal, para ser firmes e inquebrantables, deben ser susceptibles de una interpretación literal y de una ejecución infalible, y en dicha interpretación y ejecución deben ser aceptadas como justas por toda la comunidad. Pero tan pronto como la ley entra en la esfera de la moral, esto se vuelve imposible; la ley pierde toda su certeza y toda la reverencia que legítimamente le corresponde. Ya no expresa la conciencia de toda la comunidad; tiende a ser meramente la expresión de los sentimientos de un pequeño círculo social de la clase alta; los sentimientos, los hábitos y las necesidades de la masa de la población son ignorados por completo.
4 Tampoco resultan tales incursiones legislativas en la esfera de la moral más satisfactorias desde el punto de vista de la clase que es responsable de ellas. Muy pronto se empieza a sentir que, como señala Hagen, «las fórmulas de la ley penal son instrumentos rígidos y torpes que solo en raras ocasiones pueden servir para desenredar los hilos delicados y múltiplemente entrelazados del alma humana, y decidir qué es justo y qué es injusto. Las fórmulas se adoptan para casos cotidianos sencillos, sin complicaciones y toscos. Solo en tales casos logran la conquista de la justicia sobre la injusticia».
Es verdad que ninguna línea precisa separa los actos criminales de los meramente inmorales, y estos últimos tienden a ser indirectamente,