Pero a una solución así determinada va aneja una cuestión mucho más activa y complicada, sobre cuya incertidumbre no solo este sino muchos otros proyectos han naufragado. La cuestión debe responderse correctamente, porque, si la respondemos mal, todo el plan fracasa.
La pregunta es esta: ¿Debe el hábito social, el método general en la escritura y la palabra y en todas las relaciones, preceder en este caso a la acción institucional, los cambios legales, las definiciones constitucionales?
¿O deben los cambios legales, las nuevas instituciones, las definiciones constitucionales venir primero?
Decidir rectamente es de gran importancia por esta razón: porque una decisión errónea puede destruir todo el efecto de la buena voluntad.
A mi juicio, la decisión incorrecta sería aquella que diera prioridad al cambio legal, a las nuevas definiciones, a las nuevas instituciones, e intentara construir a partir de ellas un nuevo espíritu. Considero que esta inversión del orden verdadero haría imposible toda paz estable.
Hay que admitir, por supuesto, que los cambios sugeridos por los propios judíos, el desarrollo de sus propias instituciones, una segregación voluntaria de su comunidad en otros ámbitos distintos de aquellos en los que ya han efectuado dicha segregación, se encuentran en otra categoría. Estas nuevas e inequívocamente instituciones judías siempre debieran ser bien recibidas por nosotros. Pero el intento de redactar normativas públicas, destinadas a defender a la comunidad en su conjunto frente a una minoría extranjera, cuando esa minoría debe convivir con una de manera permanente y como un rasgo regular de la vida de la comunidad, tiende indefectiblemente a la opresión, si tales normativas se convierten en los primeros pasos de un acuerdo en lugar de dejarse, como debería ser, para los últimos.