Porque el ahorro excesivo o el mayor consumo atribuible a los ingresos desmedidos de los ricos constituyen una economía suicida, incluso desde el punto de vista exclusivo del capital; pues solo el consumo vitaliza el capital y lo hace capaz de rendir beneficios.
Una economía que asigna a las clases «poseedoras» un exceso de poder de consumo que no pueden utilizar, y que no pueden convertir en un capital verdaderamente útil, es una política del perro del hortelano.
Las reformas sociales que privan a las clases propietarias de su excedente no les infligirán, por tanto, el daño real que temen; solo pueden utilizar este excedente imponiendo a su país una política destructiva de imperialismo.
La única seguridad de las naciones radica en retirar los incrementos de ingresos no ganados a las clases propietarias y sumarlos a los ingresos salariales de las clases trabajadoras o a los ingresos públicos, con el fin de que puedan gastarse en elevar el nivel de consumo.
La reforma social se bifurca según los reformadores busquen alcanzar este fin mediante el aumento de los salarios o mediante el incremento de los impuestos y el gasto públicos. Estos rumbos no son esencialmente contradictorios, sino más bien complementarios. Los movimientos de la clase obrera aspiran, ya sea mediante la cooperación privada o mediante la presión política sobre el gobierno legislativo y administrativo, a aumentar la proporción de la renta nacional que recae en el trabajo en forma de salarios, pensiones, indemnizaciones por lesiones, etc.