Como estas formas de inversión y finanzas internacionales están más extendidas y mejor organizadas con fines económicos y políticos, estas demandas de injerencia política y militar en países extranjeros, bajo el pretexto de proteger la propiedad de los súbditos británicos, serán más frecuentes y más eficaces; las demandas de los inversores irán respaldadas comúnmente por los agravios personales de los outlanders británicos, y nos veremos arrastrados a una serie de injerencias en los Gobiernos extranjeros que, si logramos llevar a cabo con éxito, conducirán a la anexión de territorio como única garantía para las vidas y propiedades de nuestros súbditos.
Que esta política conduce directamente a la ruina es algo que no admite duda. Pero ¿cómo detenerla? ¿Qué principio de seguridad podemos establecer?
Uno solo: un repudio absoluto al derecho de los súbditos británicos a exigir que su Gobierno proteja sus personas o propiedades de los perjuicios o peligros en los que incurran por iniciativa propia.
Este principio es justo y conveniente. Si enviamos a un emisario en misión pública a un país extranjero, respaldémoslo y protejámoslo con nuestros fondos y armas públicas; si un particular, o una compañía de particulares, ponen sus vidas o propiedades en tierra extranjera buscando sus propios fines, que entiendan claramente que lo hacen por su cuenta y riesgo, y que el Estado no actuará para su protección.
Si una inversión tan completa de nuestra política coherente ha de considerarse como un consejo de perfección que implica un abandono definitivo de los derechos domiciliarios, comerciales y de otra índole garantizados por los tratados o convenciones existentes con Estados extranjeros, en cuya observancia tenemos derecho a insistir, establezcamos al menos dos reglas claras de política.