Ahora bien, el imperialismo, a través del gasto militar cada vez mayor que conlleva, vacía visiblemente el erario público del dinero que podría destinarse a tales fines. No solo el Tesoro no tiene suficiente dinero para gastar en educación pública, pensiones de vejez u otras reformas estatales; las unidades menores de gobierno local se ven paralizadas de manera similar, ya que los contribuyentes del Estado y de las tasas locales son en esencia las mismas personas, y cuando se les recarga fuertemente con impuestos para fines estatales improductivos, no pueden soportar fácilmente un aumento en las tasas.
Toda reforma social importante, aunque no implique directamente un gran gasto público, causa perturbaciones financieras y riesgos que son menos tolerables en épocas en que el gasto público es abultado y el crédito público, fluctuante y vacilante.
Toda reforma social conlleva cierto ataque a los intereses creados, y estos pueden defenderse mejor cuando el imperialismo activo absorbe la atención pública.
Cuando la legislación está de por medio, la economía de tiempo y de interés gubernamental es de suma importancia. El imperialismo, con su «alta política», que involucra el honor y la seguridad del Imperio, reclama el primer lugar y, a medida que el Imperio crece, el número y la complejidad de sus asuntos —que exigen una atención estrecha, inmediata y continua— aumentan, absorbiendo el tiempo del Gobierno y del Parlamento.
Se vuelve cada vez más imposible destinar tiempo parlamentario para la discusión completa y sin interrupciones de asuntos de la más vital importancia doméstica, o sacar adelante cualquier medida de reforma amplia y seria.
Sobra explayarse en la teoría de este antagonismo cuando la práctica resulta evidente para cualquier estudioso de la política.