partidos estaban de humor para conciliar al nuevo monstruo mediante dádivas o sobornos.
Cuando la escisión del antiguo partido liberal en 1885-86 arrojó por primera vez la gran preponderancia de la propiedad mobiliaria al mismo lado que la propiedad inmobiliaria, un presupuesto verdaderamente democrático con un impuesto sobre la renta progresivo y un impuesto sucesorio sustancial se hizo posible y pareció conveniente.
No es necesario negar que sir William Harcourt y sus colegas estaban sinceramente convencidos de la justicia y de la conveniencia de esta política; pero debe recordarse que no había otra alternativa, ante la necesidad de aumentar los fondos para el imperialismo y la educación, salvo un volte-face sobre los principios del libre cambio que habían defendido con mayor ahínco, y un peligroso ataque a los intereses comerciales que podría volverse en contra de las clases trabajadoras, cuya causa deseaban abanderar.
El ataque financiero a la «propiedad», encarnado en el impuesto progresivo sobre la renta y los derechos de sucesión, debe considerarse, por tanto, como una política excepcional, debida principalmente a la combinación de dos causas: la dificultad de volver repentinamente a la abandonada práctica del proteccionismo y el deseo de granjearse el favor de la nueva