ministerio británico, el cual conservaría aún la determinación formal de la política imperial—, esta implicaría indudablemente una contribución obligatoria o cuasioblijatoria por parte de las colonias proporcional a la del Reino Unido.
Ahora resulta bastante evidente que las colonias autónomas no van a entrar en una asociación de este tipo, que las comprometa a nuevos y cuantiosos gastos, por un mero afecto sentimental hacia el Imperio británico. La autenticidad y la calidez del apego al Imperio británico y a la metrópoli son indiscutibles, y aunque no se les exigió ningún sacrificio considerable en la campaña de Sudáfrica, es bastante evidente que sus sentimientos actuales son tales que les llevarían a gastar voluntariamente tanto sangre como dinero allí donde consideraran que la existencia, la seguridad o incluso el honor del Imperio estaban en juego. Pero sería un grave error suponer que el destello de lealtad entusiasta, manifestado en un período de emergencia de esa índole, puede utilizarse para revertir la tendencia general hacia la independencia y para «precipitar» a las colonias autónomas hacia una unión formal más estrecha con Gran Bretaña, que suponga un sacrificio regular y continuo. Si se quiere persuadir a las colonias para que entren en una asociación de este tipo, deben estar convencidas de que es esencial para su seguridad y prosperidad individuales. En la actualidad obtienen la protección del Imperio sin pagar por ella; mientras piensen que pueden conseguir una protección adecuada en tales condiciones, es imposible suponer que aceptarían un acuerdo que les exigiera pagar y que implicara una remodelación completa de su sistema de ingresos. El tono de los debates recientes en los parlamentos australiano y canadiense, en medio de todo el entusiasmo de la guerra de Sudáfrica, deja muy claro que ningún ministerio colonial podría convencer en