Bajo el encanto de este espíritu benéfico, los principales establecimientos coloniales de Gran Bretaña ya han alcanzado una libertad sustancial, sin disolver los lazos nominales; las demás posesiones subordinadas aspiran a ella, mientras que, por otra parte, este privilegio de independencia local ha permitido a Inglaterra asimilar con facilidad a muchos Estados feudatarios dentro del cuerpo político de su sistema».
He aquí, pues, la teoría de que los británicos somos una raza dotada, como los romanos, de un genio para el gobierno, de que nuestra política colonial e imperial está animada por el propósito de difundir por todo el mundo las artes del libre autogobierno de las que disfrutamos en la metrópoli [30], y de que, en verdad, estamos llevando a cabo esta labor.
Ahora bien, sin debatir aquí las excelencias o los defectos de la teoría y la práctica británicas del autogobierno representativo, afirmar que nuestra «regla de acción fija» ha sido educar a nuestras dependencias en esta teoría y práctica es la mayor tergiversación posible de los hechos de nuestra política colonial e imperial.
A la gran mayoría de las poblaciones de todo nuestro Imperio no les hemos concedido poderes reales de autogobierno, ni tenemos la más mínima intención seria de hacerlo, ni la más mínima convicción seria de que nos sea posible hacerlo.
De los trescientos sesenta y siete millones de súbditos británicos fuera de estas islas, no más de diez millones, es decir, uno de cada treinta y siete, poseen un verdadero autogobierno a efectos legislativos y administrativos.
La libertad política y la libertad civil, en la medida en que esta se apoya en la otra, son sencillamente inexistentes para la gran mayoría de los súbditos británicos. Tan solo en las colonias autónomas de Australasia y Norteamérica el gobierno representativo responsable es una realidad, e incluso allí