Al considerar la ética y la política de esta injerencia, no debemos dejarnos engañar ni cegar por los críticos que se aferran a la palpable deshonestidad de muchas prácticas del evangelio de «la dignidad del trabajo» y «la misión de la civilización».
El verdadero problema radica en si se justifica, y bajo qué circunstancias, que las naciones occidentales utilicen la coerción gubernamental para el control y la educación en las artes de la civilización industrial y política de los habitantes de los países tropicales y de otras llamadas razas inferiores.
El hecho de que los propietarios de minas rodesianas o los cultivadores de azúcar cubanos estimulen el imperialismo de los gobiernos británico o estadounidense haciendo alarde de motivos y resultados que en realidad no les conciernen, no implica que estos motivos, bajo una orientación adecuada, carezcan de solidez, ni que los resultados sean indeseables.
No hay nada indigno, muy al contrario, en la noción de que las naciones que, mediante un entorno más estimulante, han avanzado más en ciertas artes de la industria, la política o la moral, deban comunicarlas a aquellas naciones que por sus circunstancias se hallaban más atrasadas, de modo que las ayuden a desarrollar por igual los recursos materiales de su tierra y los recursos humanos de su pueblo.
Tampoco resulta evidente que en esta labor algún «aliciente, estímulo o presión» (por citar una frase bien conocida), o en una sola palabra, «compulsión», sea totalmente ilegítimo.
La fuerza en sí misma no es un remedio, la coacción no es educación, pero puede ser una condición previa para el funcionamiento de las fuerzas educativas. Quienes, en cualquier caso, concedan algún lugar a la fuerza en la educación o en el gobierno político de los individuos dentro de una nación difícilmente pueden negar que ese mismo instrumento pueda encontrar acomodo en la civilización de las naciones atrasadas por parte de las progresistas.