La creciente conciencia de los peligros higiénicos y militares que acechan a una nación de habitantes urbanos, cuyas capacidades de resistencia enérgica se ven mermadas en la misma proporción en que aumenta su dependencia de precarios suministros extranjeros de alimentos, está situando la cuestión de devolver el pueblo a la tierra en la primera línea de la política. El transporte científico moderno, hasta ahora centrípeto en su economía principal, parece tender ahora más bien a volverse centrífugo, mientras que la más amplia difusión de la cultura hace algo, y puede hacer mucho, para provocar una revuelta moral y estética contra la vida y el trabajo de las ciudades. Un sistema cuidadoso y drástico de reforma agraria que tenga como objetivo la economía neta de la iniciativa individual y la ayuda cooperativa para la agricultura es, por supuesto, en Gran Bretaña una condición previa para todo progreso rápido y eficaz. Todas estas condiciones están al alcance del hombre y pertenecen a una política racional; una vez aseguradas, es al menos probable que los incentivos privados de lucro, aplicando el talento y el capital a la tierra, pudieran en este o en cualquier otro país industrial producir un aumento tan vasto de la productividad del suelo que destruyeran por completo toda apariencia de plausibilidad que la historia atribuye a la necesidad de expansión con fines de suministro alimentario.
No es necesario discutir aquí el papel que desempeñan respectivamente la política pública y la iniciativa privada en el desarrollo de esta economía de cultivo intensivo. Basta con insistir en que esta proporciona la mayor mitad de una respuesta completa a la supuesta necesidad natural de expansión.
La otra mitad se refiere a un control racional del crecimiento de la población, el cual, en toda economía nacional sana, debe tender cada vez