Oficialmente, [11] las «posesiones coloniales» británicas se dividen en tres clases: (1) «colonias de la Corona, en las cuales la Corona tiene el control absoluto de la legislación, mientras que la administración es llevada a cabo por funcionarios públicos bajo el control del Gobierno metropolitano; (2) colonias que poseen instituciones representativas, pero no gobierno responsable, en las cuales la Corona no tiene más que un derecho de veto sobre la legislación, pero el Gobierno metropolitano retiene el control de los asuntos públicos; (3) colonias que poseen instituciones representativas y gobierno responsable, en las cuales la Corona solo tiene un derecho de veto sobre la legislación, y el Gobierno metropolitano no tiene control sobre ningún funcionario excepto el Gobernador».
Ahora bien, de los treinta y nueve territorios distintos que han sido anexionados por la Gran Bretaña desde 1870 como colonias o protectorados, ni uno solo se encuentra en la clase 2 o 3.
El nuevo imperialismo no ha establecido ni una sola colonia británica dotada de gobierno responsable e instituciones representativas.
Tampoco, con la excepción de los tres nuevos Estados en Sudáfrica, donde los colonos blancos viven en cierto número, se pretende seriamente que ninguno de estos territorios anexionados esté siendo preparado y educado para un autogobierno representativo y responsable; e incluso en estos Estados sudafricanos no existe la intención seria, ni por parte del Gobierno metropolitano ni de los colonos, de que la mayoría de los habitantes tenga voz real alguna en el gobierno.
Es verdad que algunas de estas zonas disfrutan de cierto grado de autogobierno, como protectorados o como Estados feudatarios, bajo sus propios príncipes nativos. Pero todas ellas, en los asuntos principales de política, están sujetas al dominio absoluto del Gobierno británico, o de algún funcionario