El libre comercio era tan lucrativo para las primeras clases, al garantizar la importación barata de materias primas y abaratar la subsistencia de la mano de obra en un momento en que la prioridad de Inglaterra en los nuevos métodos industriales ofrecía una expansión comercial indefinidamente rápida, que estuvieron dispuestas a respaldar la reimposición del impuesto sobre la renta que Peel propuso en 1842 para poder abolir o reducir los aranceles a la importación. Cuando sobrevino al país la repentina tensión financiera de la guerra de Crimea, la política de libre comercio se encontraba en la cúspide de su popularidad y éxito, y un gabinete liberal, antes que regresar al proteccionismo —lo cual de otro modo habría sido inevitable—, consolidó el impuesto con carácter permanente, amplió su ámbito de aplicación y dificultó aún más su supresión mediante nuevas aboliciones de aranceles a la importación. Ningún gobierno podría suprimirlo ahora, pues la nueva impopularidad derivada de encontrar sustitutos adecuados habría superado con creces el mérito ganado por su eliminación, al tiempo que su productividad y previsibilidad son ventajas que no comparte en igual medida ningún otro método de tributación.
También puede hacerse cierta concesión a los principios y convicciones personales de los financistas políticos formados en la ciencia inglesa de la economía política, y más aún a la tentación de los partidos en competencia de buscar el favor del pueblo recién enfranchizado mediante una política ostentosa de impuestos de clase.
El fervor revolucionario de mediados de siglo en toda Europa, el rápido crecimiento de enormes centros industriales en toda Inglaterra, con sus masas de pobreza apenas explorada y su conocida aptitud para la agitación ignorante, hacían que el establecimiento de una democracia formal pareciera un experimento sumamente arriesgado, y ambos