incluso en las formas más poco heroicas de ganar dinero; ninguno de nosotros se niega a usar el tren por el choque ocasional, a viajar por el naufragio ocasional, y así sucesivamente. En efecto, la industria pacífica exige un tributo aún mayor, incluso en sangre, que el que exige la guerra, un hecho que las estadísticas de víctimas en los ferrocarriles, la pesca, la minería y la marina mercante atestiguan elocuentemente; mientras que industrias pacíficas como la pesca y el transporte marítimo son la causa de tanta brutalidad.2 La administración pacífica de los trópicos se cobra un tributo igualmente pesado en la salud y la vida de hombres buenos, y gran parte de ella, como en el África Occidental, implica, por desgracia, un deterioro moral del carácter humano tan grande como el que puede atribuirse a la cuenta de la guerra.
Junto a estos sacrificios de la paz, el «precio de la guerra» es trivial, y se considera que los administradores de los intereses de una nación no deben rehuir el pago de dicho precio si la protección eficaz de esos intereses lo exige.
Si el ciudadano común está dispuesto, como bien sabemos que lo está, a arriesgar su vida en una docena de oficios y profesiones peligrosas con ningún otro fin que el de mejorar su posición o aumentar sus ingresos, ¿por qué habría de rehuir el estadista los sacrificios que la guerra promedio demanda, si con ello se pueden promover los grandes intereses que le han sido confiados?
Si es verdad, como incluso el pacifista admite que puede serlo, que los intereses materiales tangibles de una nación pueden verse favorecidos por la guerra; si, en otras palabras, la guerra puede desempeñar un papel importante en la protección de los intereses de la humanidad, los gobernantes de un pueblo valiente están justificados en pasar por alto el sufrimiento y el sacrificio que esta pueda entrañar.