económicas se han vuelto lo suficientemente extensas y complejas como para hacer de la repudiación la forma menos lucrativa de robo. El financista les dirá que «no pueden permitirse el lujo de repudiar». Si se hiciera cualquier intento de repudiación, todo tipo de propiedades, ya sea directa o indirectamente relacionadas con la ejecución ordenada de las funciones gubernamentales, sufrirían; los bancos se verían implicados, los grandes negocios tambalearían y toda la comunidad financiera protestaría. Intentar eludir el pago de un solo préstamo envolvería al mundo empresarial en pérdidas que ascenderían a muchas veces el valor del préstamo.
Solo allí donde una comunidad no tiene nada que perder, ni bancos, ni fortunas personales dependientes de la buena fe pública, ni grandes negocios, ni industrias, el Gobierno puede permitirse repudiar sus obligaciones o pasar por alto el código general de moralidad económica.
Este era el caso de Argentina y Brasil hace una generación; sigue siendo el caso, hasta cierto punto, de algunos Estados centroamericanos en la actualidad.
No es porque los ejércitos en estos Estados hayan crecido por lo que el crédito público ha mejorado. Sus ejércitos eran mayores hace una generación de lo que son ahora. Es porque saben que el comercio y las finanzas se basan en el crédito —es decir, en la confianza en el cumplimiento de las obligaciones, en la seguridad de la posesión de los títulos, en la aplicación del contrato según la ley— y que, si el crédito se tambalea gravemente, no hay una sola sección del elaborado entramado que no resulte afectada.
Cuanto más se complica nuestro sistema comercial, más depende la prosperidad común de todos nosotros de la confianza que puede