involuntario; y cualquier golpe fuerte propinado al comercio, ya sea por impuestos desacertados o por otros accidentes, sume en la confusión a todo el sistema del gobierno.
Pero ¿de qué recurso va a servirse ahora el público, aun suponiendo que el comercio continúe en la más floreciente condición, para sostener sus guerras y empresas exteriores, y para defender su propio honor y sus intereses o los de sus aliados?
No pregunto cómo va a ejercer el público un poder tan prodigioso como el que ha mantenido durante nuestras últimas guerras, en las que hemos superado con creces, no solo nuestra propia fuerza natural, sino incluso la de los mayores imperios. Esta extravagancia es el abuso del que se se recrimina, como fuente de todos los peligros a los que estamos expuestos en el presente.
Pero puesto que aún debemos suponer que subsisten un gran comercio y opulencia incluso después de que cada fondo esté hipotecado, esas riquezas deben ser defendidas mediante un poder proporcional, ¿y de dónde va a obtener el público los ingresos que lo sustenten? Claramente ha de ser a partir de una imposición continua a los rentistas, o, lo que es lo mismo, hipotecando de nuevo ante cada necesidad una cierta parte de su renta, haciéndoles así contribuir a su propia defensa y a la de la nación; pero las dificultades que acompañan a este sistema político se verán fácilmente, tanto si suponemos que el rey se ha convertido en amo absoluto como si sigue estando controlado por los consejos nacionales, en los que los propios rentistas deben necesariamente llevar el peso principal.
Si el príncipe se ha vuelto absoluto, como naturalmente puede esperarse de esta situación de los asuntos, le es tan fácil aumentar sus exacciones sobre los rentistas, las cuales equivalen únicamente a retener el dinero en sus propias manos, que esta especie de propiedad perderá pronto todo su