motivo, a un hombre le basta con transportarse a la época de la Restauración y suponer que hubiera tenido un escaño en aquel Parlamento que llamó a la familia real y puso fin a los mayores desórdenes que jamás surgieron de las pretensiones opuestas de príncipe y pueblo. ¿Qué se habría pensado de quien hubiera propuesto en aquel entonces apartar a Carlos II y otorgar la corona al duque de York o al de Gloucester, meramente con el fin de excluir cualesquiera altas pretensiones como las de su padre y su abuelo? ¿No se habría {p211} considerado a semejante individuo como a un proyectista muy extravagante, propenso a los remedios peligrosos, capaz de manosear y jugar con un gobierno y una constitución nacional como un charlatán con un paciente enfermo?
Las ventajas que se derivan de un título parlamentario, prefiriéndolo a uno hereditario, aunque son grandes, resultan demasiado sutiles como para penetrar jamás en la concepción del vulgo.
La masa de la humanidad nunca admitiría que fueran suficientes para cometer lo que se consideraría una injusticia hacia el príncipe. Deben estar respaldadas por algunos argumentos groseros, populares y familiares; y los hombres sabios, aun convencidos de su fuerza, los rechazarían por complacer la debilidad y los prejuicios del pueblo.
Solo un tirano invasor o un fanático alucinado, mediante su mala conducta, es capaz de enfurecer a la nación y hacer practicable lo que tal vez siempre fue deseable.
En realidad, el motivo aducido por la nación para excluir a la estirpe de los Estuardo, y a tantas otras ramas de la familia real, no es por razón de su título hereditario (el cual, por muy justo en sí mismo, habría parecido del todo absurdo a los ojos del vulgo), sino por causa de su religión, lo que nos lleva a comparar las desventajas antes mencionadas de cada estamento.