Pero ¿a quién se debe la lealtad? ¿Y quiénes son nuestros soberanos legítimos? Esta cuestión es a menudo la más difícil de todas y está sujeta a infinitas discusiones. Cuando la gente es tan afortunada como para poder responder: «Nuestro soberano actual, que {p188} hereda, en línea directa, de antepasados que nos han gobernado durante muchas generaciones», esta respuesta no admite réplica, aun cuando los historiadores, al remontarse hasta la más remota antigüedad para hallar el origen de esa familia real, descubran, como suele ocurrir, que su primera autoridad derivaba de la usurpación y la violencia.
Se confiesa que la justicia privada, o la abstención de las propiedades ajenas, es una virtud capital; sin embargo, la razón nos dice que no existe propiedad sobre los objetos duraderos, tales como las tierras o las casas, que, al ser examinados minuciosamente en su paso de unas manos a otras, no debiera de haber tenido su fundamento, en algún período, en el fraude y la injusticia.
Las necesidades de la sociedad humana, ni en la vida privada ni en la pública, permiten una indagación tan rigurosa; y no hay virtud ni deber moral que no pueda ser sutilmente desvanecido con facilidad si nos entregamos a una falsa filosofía, al examinarlo y escrutarlo mediante cada regla capciosas de la lógica, bajo cualquier luz o posición en que pueda ser colocado.
Las cuestiones relativas a la propiedad pública han llenado volúmenes infinitos de derecho y filosofía, si en ambas materias sumamos los comentarios al texto original; y al final podemos afirmar con seguridad que muchas de las reglas allí establecidas son inciertas, ambiguas y arbitrarias. Una opinión similar puede formarse respecto a las sucesiones y derechos de los príncipes y las formas de gobierno. Sin duda se presentan muchos casos, especialmente en la infancia de cualquier gobierno, que no