En el ensayo anterior procuramos refutar los sistemas especulativos de política propuestos en esta nación, tanto el sistema religioso de un partido como el filosófico del otro. Pasamos ahora a examinar las consecuencias prácticas deducidas por cada partido en lo que respecta a las medidas de sumisión debidas a los soberanos.
Como la obligación de la justicia se funda enteramente en los intereses de la sociedad, los cuales exigen la abstención mutua de la propiedad para preservar la paz entre la humanidad, es evidente que, cuando la ejecución de la justicia acarree consecuencias muy perniciosas, dicha virtud debe suspenderse y dar paso a la utilidad pública en tales {p193} extraordinarias y apremiantes emergencias.
La máxima fiat Justitia, ruat Cœlum (hágase justicia aunque perezca el universo) es aparentemente falsa y, al sacrificar el fin en aras de los medios, muestra una idea absurda de la subordinación de los deberes.
¿Qué gobernador de una ciudad se pone escrúpulos en quemar los suburbios cuando facilitan el avance del enemigo? ¿O qué general se abstiene de saquear un país neutral cuando las necesidades de la guerra lo exigen y no puede mantener de otro modo a su ejército?
El caso es el mismo con el deber de fidelidad; y el sentido común nos enseña que, dado que el gobierno nos obliga a la obediencia únicamente en razón de su tendencia a la utilidad pública, ese deber debe siempre, en casos extraordinarios, cuando la ruina pública acompañaría evidentemente a la obediencia, ceder ante la obligación primaria y original.
Salus populi suprema Lex (la seguridad del pueblo es la ley suprema).