los mejores políticos liberales dicen: «Nunca lo sabremos, pero cuando se escriba la historia nuestros hijos tal vez sepan lo que le debemos a la reina y al príncipe Alberto». El misterio de la Constitución, que solía ser detestado por nuestros estadistas más serenos, reflexivos e instruidos, es ahora amado y venerado por ellos.
Antes de tratar de explicar este cambio, hay una parte de los deberes de la Reina que debe eliminarse de la discusión. Me refiero a la parte formal.
La Reina tiene que aprobar y firmar incontables documentos formales, que no contienen ningún asunto de política, cuyo sentido es insignificante y que cualquier oficinista podría firmar igual de bien. Una gran clase de documentos eran los que Jorge III solía leer antes de firmarlos, hasta que lord Thurlow le dijo: «No tiene sentido que los mire, ya que no puede entenderlos».
Pero el peor caso es el de las comisiones en el ejército. Hasta que se aprobó una ley hace tan solo tres años, la Reina solía firmar todas las comisiones militares, y todavía firma todas las comisiones nuevas.
La consecuencia inevitable y natural es que dichas comisiones estaban, y hasta cierto punto todavía están, atrasadas por miles. A menudo se ha sabido de hombres que han recibido sus comisiones por primera vez años después de haber abandonado el servicio.
Si la Reina hubiera sido una oficial ordinaria, hace mucho que se habría quejado y hace mucho que la habrían liberado de esta labor servil.
Se dice que un estadista cínico la defendió bajo el argumento de «que uno puede tener a un necio por soberano, y entonces convendría que tuviera abundante ocupación en la que no pudiera hacer daño». Pero es, en verdad, una actitud pueril acumular deberes formales de negocios sobre una persona que tiene por necesidad tantos deberes