Un Parlamento de siete años suele elegirse en un periodo político, perdura a lo largo de un segundo y se disuelve en un tercero. Un electorado reunido por ley y por obligación soporta este cambio porque carece de fervor colectivo; no le importa ver que el poder que otorgó se emplea de un modo que no habría podido prever. Sin embargo, un electorado autodeterminado de opiniones fervientes, un electorado misionero, por decirlo así, pondría objeciones; consideraría su deber ineludible ponerlas; y los hábiles manipuladores, aunque no dijeran nada, en silencio pondrían aún más objeciones. Ambos juntos exigirían elecciones anuales y gobernarían a sus diputados con mano de hierro.
El plan voluntario, por consiguiente, cuando se prueba en esta forma sencilla, es incompatible tanto con la independencia extrínseca como con la moderación inherente de un Parlamento—dos de las condiciones que, como hemos visto, son esenciales para la mera posibilidad del gobierno parlamentario. Las mismas objeciones, como es inevitable, se adhieren a dicho principio bajo sus formas más complicadas. Es en vano acumular detalle sobre detalle cuando la objeción es de un principio fundamental. Si el razonamiento anterior es sólido, las circunscripciones obligatorias son necesarias, las voluntarias destructivas; la transferibilidad opcional de los votos no es una ayuda salutaria, sino una innovación ruinosa.
Me he detenido en la propuesta del Sr. Hare y en la propuesta ultrademocrática, no solo por el elevado interés intelectual de la primera y el posible interés práctico de la segunda, sino porque tienden a poner de relieve al menos dos de las condiciones necesarias del gobierno parlamentario. Pero además de estas cualidades necesarias que se requieren para que un gobierno parlamentario pueda funcionar en absoluto, existen algunos prerrequisitos adicionales para que pueda funcionar bien. Para que una