Si el Gobierno se irá o permanecerá se determina por el debate, y por la votación en el Parlamento. Y la opinión de puertas afuera, la secreta disposición imperante de la sociedad, ejerce una gran influencia en esa votación. La nación siente que su juicio es importante, y se esmera en juzgar. Consigue decidir porque los debates y las discusiones le entregan los hechos y los argumentos.
Pero bajo un gobierno presidencial, una nación no tiene, salvo en el momento de la elección, ninguna influencia; no tiene la urna electoral ante sí; su virtud se ha esfumado y debe esperar hasta que su instante de despotismo vuelva a presentarse.
No se le incita a formar una opinión como a una nación bajo un gobierno de gabinete; ni se la instruye como a dicha nación.
Sin duda hay debates en la legislatura, pero son prólogues sin obra. No hay nada parecido a una catástrofe en ellos; no se puede destituir al Gobierno. El premio del poder no es una dádiva de la legislatura, y a nadie le importa la legislatura.
El ejecutivo, el gran centro del poder y de los cargos, permanece inamovible; no se le puede cambiar bajo ninguna circunstancia. El aparato docente que ha educado a nuestra opinión pública, que prepara nuestras resoluciones, que da forma a nuestras opiniones, no existe. Ningún país presidencial necesita formar diariamente opiniones sutiles, ni recibe ayuda para formarlas.
Podría pensarse que las discusiones en la prensa suplirían las deficiencias de la Constitución; que, en especial por parte de un pueblo lector, la conducta de su Gobierno sería vigilada con tanta atención, y que sus opiniones al respecto serían tan coherentes, tan precisas y tan bien meditadas bajo un régimen presidencial como bajo uno de gabinete. Pero la misma dificultad agobia a la prensa que agobia al legislativo. No puede hacer nada. No puede cambiar la administración; el ejecutivo fue elegido por tales o cuales años, y por tales o cuales años debe perdurar.