parsimonioso al secretario del Tesoro y le dice tranquilamente: «Tienen una moción en mi contra el martes, ya sabes. Espero que tengas a tus hombres aquí. Un montón de tipos tienen manías, y aunque no están de acuerdo ni un poco entre sí, todos están en contra del departamento; todos votarán por la investigación». Y el secretario responde: «¿El martes, dices?; no (mirando un papel), no creo que se presente el martes. Está Higgins en lo de Educación. Tiene cuerda para rato. Pero de cualquier modo todo irá bien». Y luego se desliza por el recinto y dice una palabra aquí y una palabra allá, como consecuencia de lo cual, cuando se presenta la moción antioficial, una considerable fila de rostros serios y firmes se sienta detrás de los escaños del Tesoro; es más, posiblemente un diputado en ascenso que se sienta con independencia periférica más allá del pasillo central se levanta para defender la operación; el departamento gana por treinta y tres votos, y la gestión de ese asunto prosigue su marcha constante.
Este contraste no es un cuadro caprichoso. El experimento de dirigir la administración de un departamento público mediante una autoridad independiente y desprotegida se ha intentado a menudo, y siempre ha fracasado. El Parlamento siempre la acosó hasta hacerla imposible. El caso más notable es el de la Ley de Pobres. La administración de dicha ley no es hoy muy buena, pero no es exagerado afirmar que casi la totalidad de sus virtudes se han conservado gracias a tener un protector oficial y partidista en la Cámara de los Comunes. Sin ese ardid habríamos retrocedido hacia los errores de la antigua Ley de Pobres, sumando a ellos la mezquindad y la incompetencia actuales en nuestras grandes ciudades. Todo se habría entregado a la gestión local. El Parlamento habría interferido en la junta central hasta volverla impotente, y las autoridades locales habrían sido despóticas. La primera administración de la nueva Ley de Pobres estuvo a cargo de «Comisionados», los tres reyes de Somerset House, como se les llamaba.