requería que la nación hiciera algo: ayudar al soberano en alguna guerra, pagar alguna deuda antigua, aportar su fuerza y su ayuda en la coyuntura crítica del momento. A los reyes anteriores a los Tudor no les habría convenido tener una asamblea ficticia; habrían perdido su único sensor, su único instrumento para descubrir la opinión nacional. Tampoco habrían podido fabricar una asamblea semejante aunque lo hubiesen deseado. El instrumento para tal fin es el poder ejecutivo centralizado, y entonces no había ningún préfet mediante el cual la opinión de una localidad rural pudiera fabricarse por encargo y ajustarse a los deseos de la capital. Si se observa el modo de elección, un teórico diría que estos parlamentos no eran más que colecciones «fortuitas» de ingleses influyentes. Habría que añadir muchas correcciones y matices a esa afirmación si se quisiera que fuese exacta, pero la afirmación misma da exactamente en el clavo de la principal excelencia de aquellos parlamentos. Si no eran colecciones «fortuitas» de ingleses, eran colecciones «no premeditadas»; ninguna administración los hizo ni podía haberlos hecho. Eran consejeros de buena fe, cuya opinión podía ser acertada o desacertada, pero que en cualquier caso era de suma importancia, porque su cooperación era necesaria para lo que se tenía entre manos.
La legislación como poder positivo era muy secundaria en aquellos viejos Parlamentos. Creo que no se aprobó estatuto alguno, que sepamos, durante el reinado de Ricardo I, y todas las leyes anteriores a los Tudor juntas parecerían bastante escasas a un agente parlamentario moderno que tuviera que vivir de ellas. Pero la acción negativa del Parlamento sobre la ley era esencial para toda su concepción, y atravesaba cada parte de su uso. Que el rey no pudiera cambiar lo que entonces era el dato casi sagrado del common law, sin comprobar si a su nación le gustaba o no, era una parte esencial del sistema «tentativo». El