supremo del país, donde cabría esperar su más alta sabiduría, ni en el gobierno central, donde cabría buscar imparcialidad, sino en los gobiernos locales, donde los intereses mezquinos tenían asegurada su consideración y donde solo era probable emplear capacidades inferiores. El hecho capital se reservó para las jurisdicciones menores. Por otra parte, solo ha habido un asunto comparable a la esclavitud en los Estados Unidos, y este también se ha visto afectado de manera vital por los Gobiernos Estatales. Su ultrademocracia no es resultado de la legislación federal, sino de la legislación estatal. La Constitución Federal delegó uno de los elementos principales de su estructura en los gobiernos subordinados. Una de sus cláusulas dispone que el sufragio para la Cámara de Representantes Federal sea, en cada Estado, el mismo que para la rama más numerosa de la legislatura de dicho Estado; y como cada Estado fija el sufragio para sus propias legislaturas, los Estados en conjunto fijan el sufragio para la Cámara Baja Federal. Mediante otra cláusula de la Constitución Federal, los Estados fijan la cualificación electoral para votar en una elección presidencial. El elemento primario de un gobierno libre —determinar cuántas personas han de participar en él— en América no depende del Gobierno, sino de ciertos órganos subordinados, locales y a veces, como ahora en el Sur, hostiles.
Sin duda, los redactores de la Constitución no tenían mucha opción al respecto. Los más sabios de entre ellos estaban ansiosos por conseguir el máximo de poder para el Gobierno central y dejar lo menos posible a los gobiernos locales. Pero se levantó el clamor de que semejante sabiduría crearía una tiranía y menoscabaría la libertad, y con esa ayuda, los celos locales triunfaron fácilmente. Todo Gobierno Federal es, en verdad, un caso en el que lo que he llamado los elementos dignificados del gobierno no coinciden con los elementos útiles.