de acuerdo sobre un presupuesto. Tenemos por la práctica actual a un Ministro de Hacienda indio hablando de finanzas inglesas en Calcuta, y a uno inglés hablando de finanzas indias en Inglaterra. Pero las cifras nunca son las mismas, y los puntos de vista políticos rara vez coinciden. Una agria controversia ha divertido al mundo, y probablemente otras no menos interesantes permanezcan ocultas en los copiosos depósitos de nuestra correspondencia angloindia.
Pero relaciones más o menos semejantes deben existir entre el presidente de una comisión de hacienda en el poder legislativo y un ministro de hacienda en el poder ejecutivo. Con toda seguridad se pelearán, y el resultado seguramente no satisfará a nadie. Y cuando los impuestos no rinden lo que se esperaba que rindieran, ¿quién es el responsable? Es muy probable que el secretario del Tesoro no pudiera convencer al presidente; es muy probable que el presidente no pudiera convencer a su comisión; es muy probable que la comisión no pudiera convencer a la asamblea. ¿A quién, entonces, podéis castigar —a quién podéis destituir— cuando vuestros impuestos escasean? No hay nadie salvo la legislatura, un cuerpo vasto y heterogéneo difícil de castigar, y los mismos individuos encargados de infligir el castigo.
Tampoco la parte financiera de la administración es la única que requiere en una época civilizada el apoyo constante y el acompañamiento de una legislación facilitadora. Toda administración lo exige. En Inglaterra, en una ocasión de vital importancia, el Gabinete puede forzar la legislación mediante la amenaza de dimisión y la amenaza de disolución; pero ninguna de estas dos vías puede utilizarse en un Estado presidencial. Allí, el poder legislativo no puede ser disuelto por el Gobierno ejecutivo, y este no presta atención a una dimisión, ya que no tiene que encontrar al sucesor. En consecuencia, cuando surge una diferencia de opinión, el poder legislativo se ve obligado a combatir al ejecutivo, y el ejecutivo se ve