ejecuta el proyecto de ley de la Oficina de los Libertos (Freedman’s Bureau Bill) como lo habría hecho el señor Lincoln, quien lo aprobaba. La Constitución americana tiene un artificio especial para variar la autoridad legislativa suprema en los diferentes casos, y para separar de ella la autoridad administrativa en todos los
Pero el poder administrativo mismo no se deja así simple e indiviso.
Una parte importantísima de la administración es la política internacional, y la autoridad suprema aquí no recae en el Presidente, y menos aún en la Cámara de Representantes, sino en el Senado.
El Presidente solo puede celebrar tratados, «siempre que concurran dos tercios de los senadores presentes».
La soberanía para las cuestiones internacionales más importantes se encuentra, por tanto, en una parte del Estado completamente distinta de cualquier cuestión administrativa o legislativa común. Se sitúa en un lugar propio y exclusivo.
Nuevamente, el Congreso declara la guerra, pero le resultaría muy difícil, según la interpretación reciente de sus leyes, obligar al Presidente a firmar la paz. Los autores de la Constitución sin duda pretendieron que el Congreso pudiera controlar al ejecutivo estadounidense como nuestro Parlamento controla al nuestro. Confiaron la concesión de fondos exclusivamente a la Cámara de Representantes. Pero se olvidaron de vigilar el «papel moneda»; y ahora se ha sostenido que el Presidente tiene la facultad de emitir dicho dinero sin consultar en absoluto al Congreso. La primera parte de la última guerra fue llevada a cabo de este modo por el Sr. Lincoln; no dependió de las asignaciones del Congreso, sino de la prerrogativa de emisión. Suena a broma, pero no obstante es verdad, que