Porque hay dos frenos—uno antiguo y burdo, el otro moderno y delicado. El primero es el freno del juicio político (impeachment). Cualquier ministro que aconsejara a la Reina usar su prerrogativa de tal modo que pusiera en peligro la seguridad del reino, podría ser sometido a juicio político por alta traición, y así se haría. De dicho ministro se diría, en nuestro derecho técnico, que ha levantado, o ayudado a levantar, «guerra contra la Reina». Este consejo dado a ella para usar de tal manera su prerrogativa sería declarado por el juez como un acto de violencia contra ella misma, y de esa manera peculiar pero eficaz el ofensor podría ser condenado y ejecutado. Contra todos los excesos groseros de la prerrogativa, esta es una protección suficiente.
Pero no sería ninguna protección contra los errores menores; cualquier error de juicio cometido bona fide, y que solo acarreara consecuencias que una persona pudiera calificar de buenas y otra de malas, no podría ser castigado de ese modo. Sería posible procesar políticamente a cualquier ministro que disolviera el ejército de la Reina, y se haría con toda seguridad. Pero supóngase que un ministro redujera el ejército o la armada muy por debajo de la fuerza prevista —supóngase que solo gastara en ellos una tercera parte de la cantidad que el Parlamento le había permitido gastar—, supóngase que un ministro de los principios de Lord Palmerston se convirtiera repentinamente y estando en el cargo a los principios del Sr. Bright y del Sr. Cobden, y obrara conforme a esos principios, no podría ser procesado políticamente. La ley de traición ni podía ni debía aplicarse contra un acto que fuera un error de juicio, no de intencionalidad —que estuviera destinado de buena fe a no menoscabar el bienestar del Estado, sino a promoverlo y acrecentarlo—.