uno mismo. Y así hay también una que una asamblea soberana nunca permitirá que sea disminuida o ridiculizada: su propio poder. El ministro en turno tendrá que rendir cuentas en el Parlamento de todas las ramas de la administración, explicar por qué actúan cuando lo hacen y por qué no lo hacen cuando no lo hacen.
Tampoco la pesquisa imprevista es lo único que un departamento público debe temer. Cincuenta miembros del Parlamento pueden mostrarse fervientes partidarios de una política determinada que afecte al departamento, y otros cincuenta de otra política distinta, y entre ambos bandos pueden paralizar su actuación, arruinar sus objetivos predilectos y evitar que desarrolle con coherencia cualquiera de los dos propósitos de aquellos. El proceso es muy sencillo. Todo departamento da la impresión en ocasiones de hallarse en un aprieto; algún error aparente, tal vez algún error real, capta la atención pública. De inmediato, las facciones parlamentarias antagónicas que desean influir en el departamento aprovechan la oportunidad. Pronuncian discursos, exigen documentos, acumulan estadísticas. Declaran «que en ningún otro país es posible una política como la que persigue el departamento; que es medieval; que cuesta dinero; que destruye vidas; que América hace lo contrario; que Prusia hace lo contrario». Los periódicos actúan en consecuencia según su índole. Estos fragmentos de escándalo administrativo divierten al público. Los artículos sobre ellos son muy fáciles de escribir, fáciles de leer, fáciles de comentar. Complacen la vanidad de la humanidad. Mientras leemos, pensamos: «Gracias a Dios, yo no soy como ese hombre; yo no envié café verde a Crimea; yo não envié cartuchos patentados para las armas comunes y cartuchos comunes para las retrocargas. Yo gano dinero; ese miserable funcionario público solo lo pierde».