V. On Changes of Ministry

Las oficinas inglesas jamás, desde que fueron creadas, han estado organizadas teniendo en cuenta unas a otras; o más bien nunca se crearon, sino que crecieron como pudieron. La especie de libre mercado que imperaba en las instituciones públicas de la Edad Media inglesa es de lo más curioso. Nuestros tres tribunales de justicia —el Tribunal del Banco de la Reina, el de Causas Comunes y el del Tesoro (Exchequer)—, con el fin de obtener los aranceles, ampliaron una esfera originalmente reducida a la esfera entera de los litigios. Boni judicis est ampliare jurisdictionem, rezaba el viejo dicho; o, en inglés, «Es propio de un buen juez ampliar los aranceles de su tribunal», sus propios ingresos y los ingresos de sus subordinados. La administración central, el Tesoro, nunca pidió cuentas del dinero que los tribunales recibían de este modo; mientras no se le pidiera pagar nada, se daba por satisfecha. Apenas el año pasado, uno de los muchos vestigios de este sistema salió a la luz, para asombro del público. Un empleado de la Oficina de Patentes robó unos aranceles y, naturalmente, los hombres del siglo XIX pensaron que nuestro principal ministro de hacienda, el Canciller del Tesoro (Chancellor of the Exchequer), sería responsable de ello, como en Francia. Pero la ley inglesa era de algún modo diferente. La Oficina de Patentes dependía del Lord Canciller, y el Tribunal de la Cancillería es una de la multitud de instituciones que deben su existencia a la libre competencia, por lo que correspondía al Lord Canciller vigilar los aranceles, cosa que por supuesto, como juez ocupado, no podía hacer. Cierta ley del Parlamento exigía en verdad que los aranceles de la Oficina de Patentes se ingresaran en el «Exchequer»; y, de nuevo, se pensó que el «Chancellor of the Exchequer» era el responsable en el asunto, pero solo por quienes no sabían. Según nuestro sistema, el Canciller del Tesoro es enemigo