sociedad de debate —entre veinte y treinta, creo, podría ser un buen número operativo— y supongamos que, tras una ceremonia de juramento y tal vez después de una plegaria o de un discurso solemne y digno sobre el deber que tenían por delante, colocáramos a cada uno de estos jurados en dependencias cómodas durante unos días y aislados del mundo, para elegir a su legislador. Podrían escuchar, en público, con un límite de tiempo, los discursos de los candidatos que se hubieran presentado, y podrían recibir, con un límite de extensión y con las debidas precauciones de publicidad, los documentos que los candidatos decidieran someter a su consideración. Podrían también, en público, formular cualquier pregunta que quisieran a los candidatos para esclarecer sus intenciones o sus antecedentes, y podrían, en cualquier momento, decidir por unanimidad no escuchar más y descartar a tal o cual candidato que estorbara sus deliberaciones. (Esto último sería un modo eficaz de suprimir las candidaturas de excéntricos, de personas de entendederas limitadas y de meros personajes simbólicos). El Jurado, entre y después de sus interrogatorios y comparecencias, se retiraría de la sala pública para deliberar en privado. Sus deliberaciones, que por supuesto serían francas y conversacionales hasta un punto imposible bajo cualquier otra condición, y totalmente libres de las artimañas del manipulador experto de votos, eliminarían, por ejemplo, en el caso de varios candidatos del mismo color político o de colores similares, el absurdo del voto dividido. Los jurados del mismo matiz político podrían resolver ese asunto entre ellos antes de contribuir a una decisión final.
Este Jurado podría tener ciertos poderes de investigación. Podrían tomarse disposiciones para presentar objeciones contra candidatos determinados; particulares o defensores de sociedades de vigilancia podrían comparecer en contra de cualquier candidato en particular y