ejemplo, podrían tomarse como evidencia de dicha condición. Todas estas medidas serían mucho más beneficiosas que la mejora inmediata que producirían en la gestión pública. Inocularían en todo el cuerpo social la sensación de que la propiedad estaba imbuida de responsabilidad y era, en efecto, un fideicomiso, lo cual ejercería una buena influencia tanto en ricos como en pobres.
Además, a medida que los organismos públicos se volvieron más eficientes y dignos de confianza, el principio ya establecido en la política social británica por los impuestos de sucesiones de Sir William Vernon Harcourt, el principio de mermar las grandes propiedades en cada transmisión, podría ampliarse de manera muy sustancial.
Cada transferencia de propiedad podría establecer una hipoteca estatal por alguna fracción del valor de dicha propiedad. La fracción podría ser pequeña cuando el destinatario fuera una institución pública, considerable en el caso de un hijo o una hija, y casi total para un pariente lejano o alguien sin parentesco alguno.
Mediante tales artilugios, la nefasta influencia de los bienes adquiridos por meros accidentes se reduciría sin desincentivar en gran medida a los hombres enérgicos, emprendedores e inventivos. Y un hombre ambicioso por fundar una familia aún podría hacerlo si se preocupaba por casarse sensatamente y por criar y educar a sus hijos a la altura de la posición que les tenía destinada.