niegan por completo que en los procedimientos judiciales se busque, o deba buscarse, norma alguna, en el sentido común de la palabra. Por ejemplo, sir J. F. Stephen, en su obra sobre el derecho penal inglés,[25] tras advertir y rechazar normas como la última indicada, llega a la conclusión de que la única norma reconocida por nuestro derecho es aquella que induce a los jurados a condenar: «¿Qué es la prueba judicial? Aquello que, permitido por la ley para ser aportado como evidencia, induce a doce hombres, elegidos según la Ley del Jurado, a afirmar que, tras haberla escuchado, sus mentes están convencidas de la verdad de la proposición que esta afirma. Podrán estar prejuzgados, podrán ser tímidos, podrán ser temerarios, podrán ser ignorantes; pero el juramento, el número y el requisito de propiedad pretenden, en la medida de lo posible, neutralizar estas desventajas y responden con precisión a las condiciones impuestas a los patrones de valor o de longitud».
Admitir esto es más o menos lo mismo que abandonar tal criterio por considerarlo inalcanzable. La prueba que induce a un jurado a emitir un veredicto de culpabilidad puede sin duda ser un criterio para mí y para otros sobre lo que deberíamos considerar «razonablemente cierto», siempre y cuando, por supuesto, los distintos jurados sean bastante uniformes en sus conclusiones. Pero es evidente que no puede proponerse como criterio a los jurados mismos; si sus decisiones han de ser coherentes y uniformes, necesitan alguna indicación externa que los guíe. Cuando un hombre se pregunta: ¿Cuán cierto debo sentirme?[** TN: space] darle una respuesta como la anterior es, sin duda, limitarse a decirle que ha de estar tan cierto como
esté. Si, en verdad, los jurados formaran un gremio cerrado, podrían, como se dijo antes, conservar un criterio tradicional. Pero, al ser, como son, una selección del público lego ordinario, sus propias decisiones en el pasado difícilmente pueden presentárseles como una directriz de lo que deben hacer en el futuro.