§ 31. Parecería, por tanto, que podemos afirmar sin injusticia que la ley inglesa, al menos, rechaza de manera categórica el supuesto principal sobre el cual se basan la doctrina lógica de la modalidad y su equivalente jurídico: a saber, el supuesto de que los diferentes grados de convicción pueden delimitarse unos de otros con la precisión suficiente para que podamos adscribir los casos individuales a sus clases correspondientes. Y que, en lo que respecta a la cuestión colateral de fijar un estándar de certeza, no irá más allá de declarar, o dar a entender, que debemos conformarnos con —y no necesitamos ir más allá de— la «certeza razonable».
Esta es una declaración de la norma, con la que el lógico y el hombre de ciencia pueden discutir fácilmente; y pueden sostener con mucha razón que no tiene la menor pretensión de exactitud, aun cuando la tuviera de inteligibilidad estricta.
Si un hombre desea saber si su grado actual de certeza es razonable, ¿a dónde ha de apelar? Difícilmente puede comparar su estado mental con el que se experimenta en «los asuntos importantes de la vida», ya que estos, como ya se ha señalado, no indicarían ningún valor fijo.
Al mismo tiempo, no se puede suponer que tal expresión carezca de todo significado. La gente no seguiría usando el lenguaje, especialmente en asuntos de máxima importancia e interés, sin querer decir algo con ello. Nos vemos empujados, por tanto, a concluir que la «certeza razonable» representa, de un modo grosero, una norma tradicional a la que se intenta adherir.
Como ya se ha señalado, esto es perfectamente practicable en el caso de cualquier clase de profesionales, y por lo tanto no es del todo imposible en el caso de aquellos que se encuentran a menudo y estrechamente vinculados con dicha clase. Aunque es difícil creer que tales expresiones, cuando se usan para los fines de la vida ordinaria, se acerquen lo suficiente a ninguna norma convencional como para merecer discusión; sin embargo, en el caso especial de un jurado, que actúa bajo la influencia directa de un juez, parece muy posible que su afirmación deliberada de estar «plenamente convencidos» se acerque algo más a una norma tolerablemente fija de lo que los profanos ordinarios considerarían probable a primera vista.
§ 32. ¿Hay entonces algún medio mediante el cual podamos averiguar cuál es este criterio; en otras palabras, mediante el cual podamos determinar cuál es el valor real, en lo que respecta a la exactitud, de esta «certeza razonable» que se supone que los jurados garantizan? A falta de declaraciones autorizadas sobre el tema, el estudioso de la Lógica y de la Probabilidad recurriría naturalmente a dos medios, con cuya mención momentánea concluiremos esta investigación.
El primero de estos tendría como objetivo determinar indirectamente el nivel de certeza judicial, limitándose a establecer la frecuencia estadística con la que se comprueba que las decisiones (por ejemplo) de un jurado son correctas. Esto puede parecer una tarea desesperada; y en verdad lo es, aunque no tanto por una insuficiencia teórica de los elementos determinantes, sino debido a los numerosos supuestos arbitrarios que se asocian a la mayoría de los problemas que tratan sobre la probabilidad del testimonio y de los juicios. No es necesario para este propósito que contemos con un tribunal superior infalible que revise las decisiones del que está bajo consideración;[26] basta con que se someta un gran número de casos ordinarios y